Historia de la llegada de Videoreport Canarias a los servicios informativos

Es un buen momento para repasar cómo fue la llegada de Videoreport Canarias. Un ejercicio de memoria que puede ayudar a conocer quién es la empresa que niega su convenio a los trabajadores de servicios informativos de Televisión Canaria.

En 2008, Willy García, director del Ente Público, decide adjudicar a Videoreport Canarias los servicios informativos de Televisión Canaria por el módico precio de 150 millones de euros en 8 años. Se comentó entonces que el propio Willy dudaba del proceso, pero que obedecía órdenes de su superior.

Se rumorea desde entonces que la intención de Paulino Rivero era invitar a otras dos productoras a competir contra Socater en el concurso, puesto que desde la presidencia del Gobierno Canario no estaban satisfechos con Socater. Estas dos productoras estarían formadas a su vez por grupos: a) El Mundo y MediaPro; b) Antena 3 y Videoreport. Durante todo este tiempo previo a la adjudicación del concurso, Rivero comenzaría entonces a reunirse con varios medios de comunicación de Canarias para montar un pool de medios canarios que se presenten a la licitación en alguno de los dos bandos (bandos que hasta ahora son de capital peninsular, y es condición indispensable la presencia de capital canario en la empresa adjudicataria).

Según publicó en su día La Provincia, directivos de Diario de Avisos reconocieron públicamente haber tenido esas reuniones. Y el periódico El Día publicó un editorial acusando a Paulino Rivero de haberle invitado a participar en el "concurso de la tele".

Rivero estaba convencido, entre otras cosas, de que su derrota electoral en Gran Canaria era culpa de los medios de comunicación, a los que todavía no había "convencido" para que sus relaciones fueran buenas y por ende, los votos fueran para él gracias a la "buena prensa". Por eso, esta vez, los medios tenían que estar bajo su control en Gran Canaria.

El 28 de diciembre de 2007 el Ejecutivo comunica a Socater una resolución en la que se declara también desierto el concurso correspondiente al lote B, cuyo objeto era la contratación del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la producción de programas de contenido informativo (un lote al que sólo se había presentado Socater).

La mesa de contratación había declarado desierto el concurso en sesión celebrada el 17 de diciembre, justo un día después de la reunión celebrada en Presidencia del Gobierno y dos días antes de que Socater escribiera, enviara y registrara su primera carta dejando constancia de la negociación. La televisión tardó 11 días en comunicar su decisión a la empresa.

Ante esta situación, en el Consejo de Administración de la Televisión Canaria comienzan a escucharse voces en contra, incluso algunos consejeros dejan constancia en actas de su disconformidad. Una de estas voces es la de Miguel Guerra. Pero la liebre salta cuando el Gobierno decide optar por un procedimiento negociado y Willy acata sin contamplaciones esta decisión, a pesar de que varios consejeros e incluso la propia directora financiera de la tele están en contra. En este momento, se acaba el concurso abierto y la adjudicación a Videoreport parece s´lo cuestión de tiempo, algo que provoca la denuncia ante la delegación de la Fiscalía Anticorrupción de tres consejeros del propio Consejo de Administración de la Televisión Canaria.

A pesar de todas estas actuaciones que llevan a una denuncia, en 2008 Willy García adjudica los informativos a Videoreport Canarias. De momento, el plan marcha sobre ruedas. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción fue archivada: “el Ministerio Público ha remitido a los denunciantes a los juzgados ordinarios, según informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que considera, por tanto, que de existir delito, la competencia para su investigación está en los juzgados ordinarios y no descarta que sea un asunto para la jurisdicción contenciosa-administrativa”. Un concurso de índole al menos dudosa donde se manejan 150 millones de euros que pagan los ciudadanos no tiene entidad suficiente para la Fiscalía Anticorrupción. y tampoco tiene que ser resuelto con inmediatez, sino por la vía administrativa.

Curiosamente, pocos días antes de anunciar que Videoreport es la adjudicataria, a esta empresa se le requieren numerosas aclaraciones cuantitativas y cualitativas ante la presentación de una oferta muy confusa, ya que ni siquiera presentaba los inmuebles donde podrían instalarse los servicios informativos (porque no disponían de ninguno). Es entonces cuando Willy les remite un documentado disfrazado de carta donde les especifica todas las aclaraciones que tienen que presentar para entrar en concurso, como si el profesor da la "chuleta" con las respuestas a un alumno en un examen. La respuesta de Videoreport ante aclaraciones como dónde están los inmuebles donde se establecerían los informativos es "que únicamente ha preseleccionado las ofertas de los locales a utilizar" (es decir, no tenía locales y ha ganado un concurso donde se exige esta premisa para poder participar, algo que hubiera supuesto su expulsión desde el primer momento). Pocos días después de la adjudicación del concurso, el propio Willy García reconocía que aún no estaban concretados los locales en donde se iba a instalar el nuevo contratista. Ese mismo día Videoreport contactaba con Televisión Española en Canarias para contemplar la posibilidad de instalarse en sus nuevos locales.

Aún con todas estas irregularidades sobre la mesa, Willy García se niega a entregar a los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria los documentos esenciales para poder opinar con bases sobre el desenlace de este concurso.

Así consiguió Videoreport Canarias (empresa con 76% de capital peninsular) la adjudicación de los informativos de Televisión Canaria.